Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que el C.M.L.P. no se ajustó a derecho al rechazar la propuesta alcaldicia de adjudicar la licitación pública del servicio de vigilancia a la empresa Ingeniería de Seguridad de Personas y Bienes S.A. El órgano de control constató que los motivos del concejo, relativos a condiciones laborales, remuneraciones y rendimiento insatisfactorio de la empresa, no están establecidos en las bases como impedimentos para participar, sino solo como factores de evaluación, y que el rendimiento anterior no fue incluido entre los criterios de evaluación. Por ello, se afectaron los principios de estricta sujeción a las bases y de libre concurrencia de los oferentes. En consecuencia, el municipio deberá someter nuevamente la adjudicación a consideración del concejo, el que solo podrá impugnarla fundadamente por infracción al marco normativo, informando a la Contraloría en el plazo de 15 días hábiles administrativos.