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La Contraloría General de la República determinó que no se ajustó a derecho la actuació…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2017

Resumen

La Contraloría General de la República determinó que no se ajustó a derecho la actuación de un municipio que adjudicó una licitación a un proponente, luego de que el concejo municipal rechazara la propuesta por motivos no contemplados en las bases. El dictamen señala que, ante el rechazo del concejo, el alcalde debió optar por declarar desierta la licitación, convocar a una nueva, proponer a otro oferente o insistir en su proposición inicial con el quórum adecuado, pero no adjudicar sin acuerdo del concejo. Esta conducta vulneró los principios de juridicidad y probidad administrativa, por lo que se ordenó al municipio ajustar sus actuaciones a la normativa vigente y a la jurisprudencia de la Contraloría.

Normas citadas

  • pol art/6
  • pol art/7
  • ley 18575 art/2
  • ley 18575 art/53
  • ley 18575 art/62 num/8
  • ley 18695 art/51
  • ley 10336 art/5
  • ley 10336 art/6
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un alcalde adjudicar una licitación municipal si el concejo rechazó la propuesta por motivos no previstos en las bases?

No. En este caso, la Contraloría General de la República determinó que no se ajustó a derecho adjudicar la licitación sin acuerdo del concejo municipal, pues ello vulneró los principios de juridicidad y probidad administrativa.

¿Qué opciones tiene el alcalde si el concejo municipal rechaza la propuesta de una licitación?

Según este dictamen, el alcalde puede declarar desierta la licitación, convocar a una nueva, proponer a otro oferente o insistir en su proposición inicial con el quórum adecuado. Lo que no puede hacer es adjudicar sin acuerdo del concejo.

¿Qué consecuencias tiene para un municipio adjudicar una licitación sin respetar la decisión del concejo?

La Contraloría General de la República ordenó al municipio ajustar sus actuaciones a la normativa vigente y a su jurisprudencia. Así lo resolvió en este caso al constatar la infracción a los principios de juridicidad y probidad.

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