Resumen
La Contraloría General de la República resolvió una solicitud de reconsideración del dictamen N° 53.682, de 2010, relativo a la procedencia de multas aplicadas por atraso en el contrato de obra municipal de mantención de pavimentos, calles, pasajes y aceras de La Pintana. El órgano contralor sostuvo que los recursos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal son transferencias de otras entidades públicas incorporadas al presupuesto municipal, y que, conforme al decreto N° 946, de 1993, del Ministerio del Interior, el municipio actúa como ejecutor directo y unidad técnica, contratando a su propio nombre. Por ello, concluyó que corresponde a la municipalidad restituir las sumas pagadas por concepto de multas, sin supeditar esa obligación a la provisión de fondos por parte de la Subsecretaría respectiva. Finalmente, no acogió la reconsideración y ordenó dar cumplimiento al dictamen original.