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La Contraloría General de la República resolvió una solicitud de reconsideración del di…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República resolvió una solicitud de reconsideración del dictamen N° 53.682, de 2010, relativo a la procedencia de multas aplicadas por atraso en el contrato de obra municipal de mantención de pavimentos, calles, pasajes y aceras de La Pintana. El órgano contralor sostuvo que los recursos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal son transferencias de otras entidades públicas incorporadas al presupuesto municipal, y que, conforme al decreto N° 946, de 1993, del Ministerio del Interior, el municipio actúa como ejecutor directo y unidad técnica, contratando a su propio nombre. Por ello, concluyó que corresponde a la municipalidad restituir las sumas pagadas por concepto de multas, sin supeditar esa obligación a la provisión de fondos por parte de la Subsecretaría respectiva. Finalmente, no acogió la reconsideración y ordenó dar cumplimiento al dictamen original.

Normas citadas

  • Dto 236/2002 vivie art/92
  • dto 946/93 inter art/8
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad exigir multas por atraso en un contrato de obra financiado con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que los recursos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal son transferencias de otras entidades públicas incorporadas al presupuesto municipal. Como el municipio actúa como ejecutor directo y contrata a su propio nombre, debe restituir las multas que cobró, sin que esa obligación dependa de que la Subsecretaría provea los fondos.

¿Quién responde frente al contratista por las obligaciones de pago en obras municipales financiadas por programas de transferencia?

En este caso, la Contraloría concluyó que el municipio es quien debe responder, porque el decreto N° 946, de 1993, del Ministerio del Interior lo define como ejecutor directo y unidad técnica que contrata en nombre propio. Por eso, la obligación de restituir las sumas no queda supeditada a la provisión de fondos por la Subsecretaría respectiva.

¿Procede una reconsideración contra un dictamen de la Contraloría que ordenó restituir multas cobradas por un municipio?

En este caso, la Contraloría General de la República no acogió la solicitud de reconsideración del dictamen N° 53.682, de 2010, y ordenó dar cumplimiento al dictamen original. Así, la municipalidad debe restituir las multas pagadas en el contrato de mantención de pavimentos de La Pintana.

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