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La Corte Europea de Derechos Humanos conoció las demandas de cuatro nacionales islandes…

Sentencia · 2026

Resumen

La Corte Europea de Derechos Humanos conoció las demandas de cuatro nacionales islandeses que alegaban que el Estado de Islandia vulneró los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al no conducir investigaciones efectivas en sus denuncias de agresión sexual, y que ello constituía además discriminación de género en los términos del artículo 14. La Corte resolvió por unanimidad rechazar las demandas: declaró admisibles las solicitudes, pero sostuvo que no hubo violación de los artículos 3 y 8, ni del artículo 14 en relación con ellos. Para fundar su decisión, valoró las medidas legislativas y de política pública adoptadas por Islandia contra la violencia sexual, la prevención de la impunidad y la protección de las víctimas, incluida una política de priorización y la asignación de recursos adicionales tras un aumento de denuncias. Concluyó que los demandantes no establecieron suficientemente un caso prima facie de sesgo estructural o efecto desproporcionado capaz de trasladar la carga de la prueba al Estado, pues no se acreditaron actitudes institucionales ni un patrón discriminatorio.

Normas citadas

  • Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (prohibición de tortura)
  • Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la vida privada y familiar)
  • Artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (prohibición de discriminación)
  • Artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho de petición individual)
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Preguntas frecuentes

¿Un Estado viola la prohibición de tortura y el derecho a la vida privada si no investiga de manera efectiva las denuncias de agresión sexual?

En este caso, la Corte Europea de Derechos Humanos sostuvo por unanimidad que Islandia no vulneró los artículos 3 y 8 del Convenio, pese a no conducir investigaciones efectivas, porque valoró las medidas legislativas y de política pública adoptadas contra la violencia sexual.

¿Cuándo una deficiencia en la investigación de delitos sexuales puede constituir discriminación de género según el Convenio Europeo?

La Corte concluyó que los demandantes no establecieron suficientemente un caso prima facie de sesgo estructural o efecto desproporcionado, por lo que no se trasladó la carga de la prueba al Estado y no hubo discriminación en relación con los artículos 3 y 8.

¿Qué debe probar una persona para que el Estado tenga que justificar una presunta discriminación sistémica en la investigación de agresiones sexuales?

En este caso, la Corte exigió acreditar actitudes institucionales o un patrón discriminatorio, que no fueron demostrados, para trasladar la carga de la prueba al Estado; por ello rechazó las demandas.

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