Resumen
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acogió la demanda de una ciudadana rumana contra Rumania, declarando que el Estado violó el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no investigar adecuadamente la difusión no consentida de imágenes íntimas por parte de su expareja. El tribunal consideró que el marco legal penal rumano vigente al momento de los hechos no ofrecía protección suficiente contra el acoso cibernético, y que las autoridades nacionales no realizaron una investigación criminal rápida ni exhaustiva. En consecuencia, condenó al Estado a pagar a la demandante 700 euros por daño pecuniario, 7.500 euros por daño no pecuniario y 125 euros por costas y gastos, más los intereses correspondientes.