Resumen
Un exfuncionario de la Policía de Investigaciones de Chile solicitó a la Contraloría que se invalidara su retiro, que se había dispuesto por resolución del Director General de la institución, y que se le indicara la normativa que facultó al Ejército para comunicar su cese ocurrido en 1980 mediante publicación en su Boletín Oficial. La Contraloría concluyó que la invalidación ya no era posible porque el plazo de dos años para invalidar actos contrarios a derecho es de caducidad y había transcurrido. Respecto de la notificación, indicó que bastaba la inserción en el boletín oficial del Ejército, cuya fecha permite tener por practicada la diligencia, y que el Código de Procedimiento Civil regula notificaciones judiciales y no actos administrativos. Tampoco halló que los dictámenes invocados exigieran notificación personal para el perfeccionamiento del acto. Al no acompañarse nuevos antecedentes, se confirmó el dictamen N° 72.138, de 2014.