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El Juzgado de Garantía de Ovalle conoció de un requerimiento del Ministerio Público por…

Sentencia · Juzgado de Garantía · 2002

Resumen

El Juzgado de Garantía de Ovalle conoció de un requerimiento del Ministerio Público por el delito de distracción de especie mueble recibida bajo título que produce obligación de entregarla, fundado en que el imputado se habría apropiado de una carpeta con un proyecto de salvataje y sus correcciones que debía entregar a un tercero. El imputado admitió su responsabilidad en los hechos. El tribunal analizó si, conforme al inciso 2° del artículo 395 del Código Procesal Penal, procedía aplicar únicamente la pena de multa pese a que la ley sustantiva contempla copulativamente pena privativa de libertad y multa, concluyendo que la referencia a prisión debía entenderse en sentido amplio y que una norma procesal debe subordinarse a un sentido natural y lógico del nuevo sistema procesal penal. Por ello, el tribunal acogió el requerimiento y condenó al imputado únicamente a la pena de multa de cinco unidades tributarias mensuales y al pago de las costas, sin pronunciarse sobre beneficios de la Ley N° 18.216 por no haberse impuesto pena privativa o restrictiva de libertad.

Normas citadas

  • Código Procesal Penal
  • Código Penal
  • Artículo 395 del Código Procesal Penal
  • Ley N° 18.216
  • Oficio N° 2580
  • Artículo 333 del Código Procesal Penal
  • Artículo 70 del Código Penal
Boletín de Jurisprudencia del Ministerio PúblicoFALLOS

Preguntas frecuentes

¿Cómo debe interpretarse el artículo 395 inciso 2° del Código Procesal Penal al aplicar penas en procedimientos simplificados?

En este caso, el tribunal sostuvo que una norma procesal debe subordinarse a un sentido natural y lógico del nuevo sistema procesal penal. Desde ese criterio, interpretó la referencia a prisión de manera amplia para permitir la imposición de la pena de multa.

¿Corresponde pronunciarse sobre beneficios de la Ley N° 18.216 cuando solo se impone pena de multa?

En este caso, el Juzgado de Garantía de Ovalle no se pronunció sobre beneficios de la Ley N° 18.216, porque no impuso pena privativa ni restrictiva de libertad. La condena se limitó a la multa de cinco unidades tributarias mensuales y al pago de las costas.

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