El Tribunal de Contratación Pública rechazó la demanda de impugnación presentada por un…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2009
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública rechazó la demanda de impugnación presentada por una empresa que había sido excluida de una licitación pública de convenio marco para la adquisición de computadores, por no acreditar servicio técnico en todas las regiones. La empresa sostenía que la omisión era un aspecto formal subsanable, pero el tribunal concluyó que se trataba de un requisito mínimo de participación y que la entidad licitante estaba legalmente impedida de permitir su subsanación, pues ello habría vulnerado el principio de igualdad en el trato a los oferentes y el artículo 37 del Reglamento de la Ley N° 19.886 obligaba a rechazar las ofertas que no cumplieran los requisitos mínimos. En consecuencia, la decisión de la Dirección de Compras y Contratación Pública se ajustó a las bases y no fue ilegal ni arbitraria, por lo que se rechazó la demanda en todas sus partes, con condena en costas para la demandante.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Se puede subsanar un requisito mínimo de participación en una licitación pública si la entidad licitante lo permite?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública sostuvo que no, porque se trata de un requisito mínimo y la entidad está legalmente impedida de permitir su subsanación, ya que ello vulneraría la igualdad de trato a los oferentes.
¿Qué ocurre si una oferta no cumple los requisitos mínimos establecidos en las bases de una licitación?
En este caso, el Tribunal señaló que el artículo 37 del Reglamento de la Ley N° 19.886 obliga a rechazar las ofertas que no cumplan los requisitos mínimos, por lo que la exclusión de la empresa se ajustó a las bases.
¿Es ilegal o arbitraria la decisión de la Dirección de Compras de excluir a un oferente por no acreditar un requisito mínimo?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública concluyó que la decisión de la Dirección de Compras se ajustó a las bases y no fue ilegal ni arbitraria, rechazando la demanda de impugnación.
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