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El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación contra una licita…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2020

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación contra una licitación pública para la adquisición de repuestos de un bus institucional. La parte recurrente alegó que el acta de apertura de ofertas la excluyó, junto a otros cinco oferentes, por superar un presupuesto asignado que no había sido publicado en las bases ni en los documentos de la licitación. El tribunal acogió la acción solo en cuanto declaró ilegal y arbitraria esa acta de apertura en la parte que excluyó las ofertas por dicho motivo, al vulnerarse los principios de igualdad de los ofertantes y de transparencia, y rechazó lo demás. No dispuso medidas para restablecer el imperio del derecho, porque la necesidad institucional ya estaba satisfecha con la adquisición efectuada a la empresa adjudicataria, cuya oferta resultó ser la mejor según la simulación realizada. Cada parte pagó sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Se puede excluir una oferta en una licitación pública por superar un presupuesto que no estaba publicado en las bases?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitraria el acta de apertura que excluyó ofertas por superar un presupuesto no publicado en las bases ni en los documentos de la licitación, por vulnerar los principios de igualdad de los ofertantes y de transparencia.

¿Qué principios se vulneran si la Administración excluye oferentes por un monto no informado en las bases de licitación?

En este caso, el Tribunal sostuvo que excluir ofertas por superar un presupuesto no publicado en las bases ni en los documentos de la licitación vulnera los principios de igualdad de los ofertantes y de transparencia.

¿El Tribunal de Contratación Pública puede acoger una impugnación sin ordenar medidas para restablecer el imperio del derecho?

En este caso, el Tribunal acogió la acción solo en cuanto declaró ilegal y arbitraria el acta de apertura, pero no dispuso medidas para restablecer el imperio del derecho porque la necesidad institucional ya estaba satisfecha con la adquisición efectuada.

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