Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile que cuestionaba su calificación y su inclusión en la lista anual de retiros, así como una orden de indagar el paradero de personas sin autorización judicial y la solicitud de instruir un sumario contra otro funcionario. El organismo concluyó que la situación de calificación e inclusión en la lista de retiros se ajustó a derecho, pues la evaluación del jefe directo no obliga a las juntas a ubicar al funcionario en una determinada nómina y, según la jurisprudencia citada, estar incorporado sin una evaluación afinada no impide figurar en esa nómina, ya que una eventual apelación acogida solo reduciría el número de agregados. Respecto de las alegaciones sobre la orden impartida y el posible delito, precisó que la revisión de la calificación no es la instancia idónea para resolverlas, sin perjuicio de que el interesado pueda formular la denuncia correspondiente. En cuanto al sumario, lo declaró inoficioso, porque el funcionario denunciado cesó en sus funciones y su responsabilidad disciplinaria se encuentra extinguida conforme al artículo 157, letra b), de la ley N° 18.834.