Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la negativa de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a inscribir, en el registro público de licencias transables de pesca, un contrato de subarrendamiento de licencias clase A. Las licencias de origen habían sido arrendadas a una sociedad pesquera y posteriormente quedaron afectas a una medida de embargo judicial dictada por un juzgado laboral y previsional de Concepción. La Contraloría concluyó que, conforme al artículo 30 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la inscripción de la medida impide inscribir con posterioridad cualquier acto jurídico sobre esas licencias, sin distinguir su naturaleza, por lo que el subarrendamiento queda comprendido. Por ello informó que la actuación de la Subsecretaría y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo se ajustó a esa regulación, desestimando la interpretación propuesta por la empresa recurrente, sin perjuicio de lo que resuelvan los tribunales.