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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por un académico de la Universidad de Valparaíso contra el artículo 10 inciso primero de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, que fija como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año la duración de los empleos a contrata. El requirente sostenía que dicha regla vulneraba derechos de los trabajadores contratados, en un caso en que su relación laboral se extendió entre 2020 y diciembre de 2024. El Tribunal concluyó que no se acreditó una afectación concreta a los derechos fundamentales invocados, incluido el artículo 19 N° 26 de la Constitución, por lo que desestimó la alegación; además, la crítica formulada era de carácter abstracto, propia del debate legislativo y no del control concreto que exige esta acción. En consecuencia, se alzó la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas al requirente, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Ley N° 18.834 - Estatuto Administrativo, artículo 10 inciso primero
  • Constitución Política de la República
  • Ley N° 17.997 - Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Es inconstitucional que el Estatuto Administrativo fije el 31 de diciembre como plazo máximo de los empleos a contrata?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que no se acreditó una afectación concreta a los derechos invocados, incluido el artículo 19 N° 26 de la Constitución. Además, estimó que la crítica era abstracta y propia del debate legislativo.

¿Puede un trabajador a contrata pedir la inaplicabilidad del artículo 10 del Estatuto Administrativo para evitar el término de su contrato al 31 de diciembre?

En este caso, el Tribunal rechazó la acción porque la inaplicabilidad exige un control concreto y el requirente no demostró cómo la norma le afectaba en su situación particular. La crítica formulada era de carácter general, por lo que no fue acogida.

¿Debe pagar costas quien pierde un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el Tribunal no condenó en costas al requirente, porque estimó que tuvo motivo plausible para litigar. Además, se alzó la suspensión del procedimiento que había decretado.

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