Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre dos consultas: el eventual conflicto de intereses de los ministros integrantes del Comité de Ministros previsto en la Ley 19.300 para resolver reclamaciones ambientales, y la supuesta obligación de actualizar la declaración de patrimonio del Presidente de la República tras la venta de acciones de Chilevisión y de una sociedad anónima deportiva. Respecto de lo primero, no se emitió pronunciamiento, pues el ministro involucrado había dejado el cargo que generaba el conflicto y asumido otro, por lo que no participaría en la decisión de los mecanismos impugnatorios. En cuanto a la declaración de patrimonio, el dictamen concluyó que la Ley 18.575 (artículos 60 A, 60 C y 60 D) y su reglamento, el decreto Nº 45 de 2006, obligan a actualizarla solo en los casos expresamente previstos, entre ellos cada cuatro años y al asumir un nuevo cargo, sin contemplar la hipótesis planteada. Por ello, no existe obligación de actualización por la venta de esas acciones, sin perjuicio de la posibilidad de hacerlo voluntariamente conforme al reglamento.