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La Contraloría General de la República determinó que un funcionario de la Tesorería Gen…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República determinó que un funcionario de la Tesorería General de la República se encuentra impedido de participar como postor en un remate de pertenencias mineras. Lo anterior, debido a que dicho servicio público interviene activamente en el proceso de subasta, desde la confección del listado de pertenencias impagas hasta la finalización de la gestión judicial. El dictamen concluye que la participación del funcionario en esa actividad privada vulnera el principio de probidad administrativa, al generarse un conflicto de intereses potencial, pues podría acceder a información privilegiada que le otorgaría una ventaja frente a otros interesados, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 56 de la ley N° 18.575.

Normas citadas

  • CMi art/146 inc/1
  • CMi art/147
  • CMi art/158
  • dfl 1/94 Hacie art/2 num/2 lt/d
  • dfl 1/94 Hacie art/9 lt/c num/2
  • dfl 1/94 Hacie art/2 lt/h num/1
  • dfl 1/94 Hacie art/2 lt/h num/2
  • POL art/8 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un funcionario de la Tesorería General de la República participar como postor en un remate de pertenencias mineras?

No. En este caso, la Contraloría General de la República determinó que el funcionario se encuentra impedido de participar, porque la Tesorería interviene activamente en el proceso de subasta y su participación vulneraría el principio de probidad administrativa.

¿Qué constituye un conflicto de intereses en la participación de funcionarios públicos en remates?

En este caso, la Contraloría sostuvo que existe un conflicto de intereses potencial, porque el funcionario podría acceder a información privilegiada que le daría una ventaja frente a otros interesados en la subasta.

¿Qué principio se vulnera cuando un funcionario público compite en una subasta que su servicio gestiona?

En este caso, la Contraloría concluyó que se vulnera el principio de probidad administrativa, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 56 de la ley N° 18.575.

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