Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una presentación de un particular que pedía denunciar al Ministerio Público a funcionarios municipales por permisos de edificación en Santiago, que a su juicio permitieron una altura mayor a la del instrumento de planificación, aprobaron dos construcciones en predios no fusionados pese a tratarse de un solo proyecto tipo mall y vulneraron el coeficiente de ocupación de pisos superiores, configurando el delito de prevaricación administrativa. El peticionario también sostenía que un proyecto con resolución de calificación ambiental favorable debía someterse a un estudio de impacto ambiental por un reasentamiento significativo de grupos humanos. El organismo resolvió que la determinación de la pertinencia de efectuar denuncias al Ministerio Público corresponde a la Contraloría, sin perjuicio de las acciones que el peticionario pueda ejercer directamente. En cuanto al estudio de impacto ambiental, declaró que no cabía atender la solicitud, pues ese aspecto ya fue analizado en la resolución exenta N° 34 y el interesado sólo formuló una afirmación. El dictamen se transcribió a la Municipalidad de Santiago y a la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana.