Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre descuentos de remuneraciones practicados a funcionarios por supuestas inasistencias ocurridas en noviembre de 2010, los que se efectuaron únicamente sobre la base de informes de jefes inmediatos. El organismo concluyó que tales deducciones no se ajustaron a derecho, pues no existían antecedentes objetivos que comprobaran la imputación, exigidos por la jurisprudencia para aplicar ese procedimiento, por lo que ordenó al servicio reintegrar lo descontado. Asimismo, precisó que el derecho a cobrar asignaciones de leyes especiales prescribe en seis meses, mientras que los derechos estatutarios prescriben en dos años, por lo que el servicio debe pagar las remuneraciones sin considerar las asignaciones prescritas, salvo que se acredite que su pago fue requerido dentro de plazo. Finalmente, aclaró que las sentencias judiciales acompañadas sólo obligan a las partes que litigaron y no pueden aplicarse a personas distintas.