Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución del Ministerio de Planificación, que disponía la destitución de un funcionario, por considerar que la medida no se ajusta al principio de proporcionalidad. El organismo confirmó que el funcionario incurrió en negligencia y desorden en el desempeño de su cargo, por lo que procede atribuirle responsabilidad administrativa. Sin embargo, estimó excesiva la sanción expulsiva, pues las conductas, aunque objetables, no constituyen una infracción grave al principio de probidad: no se acreditó interés personal, beneficio propio ni detrimento patrimonial para el Estado. Entre las irregularidades figuraban una transferencia de fondos sin acto administrativo que la respaldara, el extravío de un convenio y la falta de comprobantes, pero se consideró que los recursos fueron destinados al proyecto, este se ejecutó totalmente y la rendición fue satisfactoria.