Resumen
La Contraloría General de la República conoció un reclamo contra la resolución N° 10, de 2012, de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que aplicó la sanción de destitución a varios funcionarios por infracciones graves al principio de probidad administrativa. Uno de ellos alegó que las conductas no constituían faltas graves y que no se ponderaron sus atenuantes. El organismo concluyó que la determinación de la gravedad y del grado de responsabilidad corresponde privativamente a la Administración activa, y que los hechos imputados, consistentes en percibir a sabiendas un monto adicional de remuneración proveniente de una operación irregular y reponerlo sólo tras el proceso penal, se encuentran acreditados y fueron fundadamente calificados como una vulneración grave. Además, estimó que, al estar prevista por la ley una sanción específica para esas infracciones, la autoridad debe aplicarla sin considerar atenuantes. Por ello, rechazó el reclamo y dio curso a la resolución por ajustarse a derecho.