Resumen
La Contraloría General de la República conoció el reclamo de una funcionaria de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores contra la Resolución 18, de 2012, que le aplicó la medida de destitución. La recurrente alegó vicios en el procedimiento y que la sanción era desproporcionada, invocando su estado de necesidad económica, su cooperación con la investigación y su buen desempeño funcionario. El organismo constató que los hechos imputados fueron descritos de manera clara y calificados como infracción grave al principio de probidad administrativa, y que la medida era proporcional y se acreditó conforme a un procedimiento racional y justo. Añadió que, al estar la sanción legalmente determinada para infracciones graves a la probidad, la autoridad no puede aplicar otra medida ni ponderar atenuantes, y que la responsabilidad disciplinaria es independiente de la penal. Por ello, rechazó el reclamo y dio curso a la resolución, por ajustarse a derecho.