Resumen
La Contraloría General de la República examinó los reclamos presentados contra la resolución de la Dirección de Vialidad, que aplicó la destitución a los funcionarios sumariados por infracciones graves al principio de probidad administrativa. El organismo concluyó que, al estar la sanción expresamente prevista por la ley para este tipo de infracciones, la jefatura debía aplicarla sin posibilidad de otra medida ni de rebajarla por circunstancias atenuantes. Rechazó asimismo que la falta de información sobre los plazos y normas del sumario pudiera eximir de responsabilidad, invocando el artículo 8° del Código Civil. Además, precisó que la responsabilidad administrativa es independiente de la penal y civil, por lo que una salida alternativa en sede judicial no impide la sanción disciplinaria. Por estos fundamentos, desestimó los reclamos y dio curso a la resolución.