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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado contra…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado contra la negativa del Registro Civil a rectificar una posesión efectiva. El tribunal concluyó que la acción de protección tiene una naturaleza esencialmente cautelar y de tutela de urgencia de derechos indubitados, por lo que no puede transformarse en un sustituto jurisdiccional para dirimir debates que exigen reconocimiento de derechos y declaraciones propias de los tribunales competentes. Además, señaló que la enmienda de una posesión efectiva solo puede efectuarse por resolución judicial, conforme al artículo 8° inciso tercero de la Ley 19.903, y que la pretensión afectaría los intereses de otras nueve personas beneficiadas con la posesión efectiva, lo que hacía inviable resolverla en sede constitucional. Por estas razones, rechazó el recurso, sin costas por estimar que hubo motivo plausible.

Normas citadas

  • Resolución N° 81690
  • Ley N° 19.585
  • Ley N° 10.271
  • Ley 19.903
  • Código Civil
  • Artículo 188 del Código Civil
recurso de protecciónnaturaleza cautelarposesión efectivarectificación de posesión efectivaServicio de Registro Civil e Identificaciónderecho de representaciónfiliaciónsustituto jurisdiccional

Preguntas frecuentes

¿Se puede usar un recurso de protección para rectificar una posesión efectiva?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso, señalando que la protección es cautelar y de urgencia, y no un sustituto para debates que requieren declaraciones propias de tribunales competentes.

¿Cómo se puede enmendar una posesión efectiva según la Ley 19.903?

En este caso, la Corte sostuvo que la enmienda de una posesión efectiva solo puede efectuarse por resolución judicial, conforme al artículo 8° inciso tercero de la Ley 19.903.

¿Procede la acción de protección si afecta intereses de otros beneficiarios de una posesión efectiva?

En este caso, la Corte consideró que la pretensión afectaba los intereses de otras nueve personas beneficiadas, lo que hacía inviable resolverla en sede constitucional, y rechazó el recurso.

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