Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra normas del Código de Procedimiento Civil y de la Ley 20.886 sobre tramitación digital, invocadas en un recurso de casación en el fondo en materia tributaria, alegándose afectación al acceso al recurso, la igualdad ante la ley y el debido proceso. La parte solicitó la suspensión del procedimiento ante la Corte Suprema mientras se resolvía el requerimiento, para evitar que el recurso fuera declarado desierto durante su tramitación. Sin embargo, la Corte Suprema ya había declarado desierto el recurso de casación en el fondo deducido contra una sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de modo que la decisión del tribunal superior se anticipó al pronunciamiento constitucional solicitado.