Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de asignación por actividad nociva o peligrosa presentada por un funcionario de Carabineros de Chile. El dictamen precisa que la facultad para determinar si una actividad es nociva o peligrosa corresponde a la Dirección de Salud de la institución, previo informe de su Comisión Médica, y no al comisario de la unidad donde el funcionario prestaba servicios, pues el beneficio depende de las características del trabajo y no del lugar de cumplimiento. Asimismo, indica que los derechos de los funcionarios pueden hacerse valer en cualquier momento mientras no estén prescritos, aplicándose un plazo de cinco años desde la fecha de cese. En consecuencia, ordena a Carabineros remitir la solicitud a su Dirección de Salud para que resuelva y, de proceder, pague lo que corresponda, informando a la Contraloría en 30 días.