El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por una sociedad inmobiliaria y otros requirentes contra los artículos 15, 16 y 19 del Decreto Ley N° 2.695, que regula la regularización de la pequeña propiedad raíz. Los requirentes sostenían que dichas normas vulneraban derechos fundamentales garantizados por la Constitución. La mayoría del tribunal estimó que las disposiciones impugnadas no contravienen la Constitución y que establecen un mecanismo legítimo y proporcional de regularización administrativa. Hubo una disidencia de ministros que estuvo por acoger el requerimiento, al considerar que la aplicación de esos preceptos vulneraba la igualdad ante la ley, el debido proceso y la protección de la propiedad, por cuanto la vía administrativa no permitiría al propietario anterior una defensa suficiente frente a quien solicita la regularización.
Normas citadas
Artículo 15 del Decreto Ley N° 2.695
Artículo 16 del Decreto Ley N° 2.695
Artículo 19 del Decreto Ley N° 2.695
Artículo 19 N° 2° de la Constitución Política
Artículo 19 N° 3° de la Constitución Política
Artículo 19 N° 24° de la Constitución Política
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Preguntas frecuentes
¿El Tribunal Constitucional considera constitucional el procedimiento de regularización de la pequeña propiedad raíz del Decreto Ley N° 2.695?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y sostuvo que los artículos 15, 16 y 19 del Decreto Ley N° 2.695 no contravienen la Constitución, pues establecen un mecanismo legítimo y proporcional de regularización administrativa.
¿Puede una inmobiliaria impugnar por inaplicabilidad la regularización de la pequeña propiedad raíz por vulnerar derechos fundamentales?
En este caso, la sociedad inmobiliaria y otros requirentes sostuvieron que esas normas vulneraban derechos fundamentales, pero el tribunal desestimó sus argumentos y rechazó el requerimiento. El fallo resuelve el fondo de la impugnación mediante la mayoría del tribunal.
¿La regularización administrativa de la propiedad vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso o la protección de la propiedad?
La mayoría del tribunal estimó que no. Una minoría de ministros disintió y estuvo por acoger el requerimiento, al considerar que la vía administrativa no permitía al propietario anterior una defensa suficiente frente a quien solicita la regularización.
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