La Corte Suprema conoció un recurso de amparo presentado por una ciudadana venezolana c…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de amparo presentado por una ciudadana venezolana contra el Servicio Nacional de Migraciones, que había declarado inadmisible su petición de residencia temporal y ordenado su abandono del país por no pagar los derechos correspondientes y no acompañar documentación que cumpliera las subcategorías del Decreto N°. La Corte concluyó que la Administración incumplió su deber de asegurar un procedimiento racional y justo y de promover la obtención de permisos de residencia, al rechazar la solicitud sin adoptar medidas razonables para permitir la subsanación. Considerando además el arraigo social de la amparada en Chile, estimó que los fundamentos de la autoridad carecían de razonabilidad y proporcionalidad frente a la afectación de su libertad personal. En consecuencia, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, acogió el amparo, dejó sin efecto los actos impugnados y la orden de abandono, y ordenó otorgar un nuevo plazo de noventa días para presentar los documentos faltantes.
Normas citadas
Ley 21325 art. 3
Ley 21325 art. 7
Constitución Política de la República de Chile art. 21
Falta de razonabilidad de la decisiónProcedimiento racional y justoDesproporcionalidad de la medidaAmparos extranjeríaAcción de amparoAbandono del paísAfectación de la libertad personalServicio nacional de migraciones
Preguntas frecuentes
¿Cuándo una orden de abandono del país dictada por migraciones es acogida por la Corte Suprema mediante recurso de amparo?
La Corte Suprema acogió el amparo porque estimó que los fundamentos de la autoridad carecían de razonabilidad y proporcionalidad frente a la afectación de la libertad personal de la amparada. Consideró también su arraigo social en Chile para resolver de ese modo.
¿Debe la autoridad migratoria promover la obtención de permisos de residencia antes de rechazar una petición por defectos formales?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que el Servicio debía promover la obtención del permiso y adoptar medidas razonables para permitir la subsanación. Al no hacerlo, incumplió ese deber y la decisión fue revocada en la instancia de amparo.
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