Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la presentación de un funcionario de Carabineros de Chile que cuestionaba una baja por conducta mala, con efectos inmediatos, aplicada a raíz de un sumario administrativo. El organismo señaló que la apreciación de la prueba del sumario corresponde a quien lo sustancia y a la jefatura sancionadora, y que a esta última le compete determinar si la conducta indagada afectó el principio ético o la imagen institucional. Respecto de la agravante de premeditación, concluyó que el proceso no evidenciaba una preparación previa del ilícito, por lo que no alteraba el grado de responsabilidad atribuido. Asimismo, indicó que la resolución que afinó el sumario había sido tomada de razón con anterioridad a la presentación, por lo que el procedimiento se ajustó a derecho. Finalmente, determinó que la reapertura del sumario es facultad de la jefatura sancionadora, ante quien debe dirigirse el recurrente.