Resumen
La Contraloría General de la República analizó un sumario administrativo instruido en Carabineros de Chile y concluyó que la diferencia entre la firma del Secretario en la aceptación del cargo y en la vista fiscal, y la que aparece en el acta de notificación del dictamen, constituye una infracción a los artículos 25, inciso primero, y 28 del decreto N° 118, de 1982, al tratarse de gestiones esenciales que inciden en la legalidad del proceso. Además, precisó que los actos administrativos sólo pueden ser suscritos por la autoridad que los emite o su subrogante legal, sin que exista norma que autorice la firma por poder. Por ello, ordenó a la institución reabrir el proceso sumarial para subsanar la observación. Asimismo, declaró caducado el plazo de dos años para invalidar ciertos ceses dispuestos en 2009, conforme al artículo 53 de la ley N° 19.880, y señaló que el reclamo por entrega parcial de información corresponde al Consejo para la Transparencia.