El Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Biobío acogió, sin costas, el reclam…
Sentencia · Tribunal Tributario y Aduanero · 2015
Resumen
El Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Biobío acogió, sin costas, el reclamo presentado por una contribuyente contra una modificación de avalúo fiscal de un inmueble ubicado en la comuna de Concepción, practicada por el Servicio de Impuestos Internos. El tribunal consideró que, aplicando supletoriamente la Ley N° 19.880, las resoluciones que afectan derechos de los particulares deben expresar sus hechos y fundamentos de derecho, exigencia que los actos impugnados no cumplían. En consecuencia, dejó sin efecto las dos resoluciones reclamadas y ordenó al Servicio determinar correctamente el avalúo del bien raíz y dictar una nueva resolución debidamente fundada.
Normas citadas
Código Tributario
Artículo 149 del Código Tributario
Circular N° 29
Artículo 125 del Código Tributario
Código de Procedimiento Civil
Resolución Exenta N° 132
Preguntas frecuentes
¿Es nula una modificación de avalúo fiscal del SII si la resolución no expresa sus fundamentos de hecho y de derecho?
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero de Biobío acogió el reclamo y dejó sin efecto las resoluciones porque, aplicando supletoriamente la Ley N° 19.880, debían expresar sus hechos y fundamentos de derecho y no lo hacían. Ordenó al Servicio determinar correctamente el avalúo y dictar una nueva resolución debidamente fundada.
¿Qué debe hacer el SII cuando un tribunal tributario deja sin efecto una modificación de avalúo de un bien raíz?
En este caso, el tribunal ordenó al Servicio de Impuestos Internos determinar correctamente el avalúo del inmueble de Concepción y dictar una nueva resolución debidamente fundada. El reclamo se acogió sin costas.
¿Se aplica supletoriamente la Ley N° 19.880 de procedimiento administrativo a los actos del SII en materia tributaria?
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero de Biobío aplicó supletoriamente la Ley N° 19.880 para exigir que las resoluciones que afectan derechos de los particulares expresen sus hechos y fundamentos de derecho. Los actos impugnados no cumplían esa exigencia.
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