La Corte Suprema conoció una acción constitucional de protección interpuesta por un afi…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció una acción constitucional de protección interpuesta por un afiliado contra una Isapre y la Superintendencia de Salud, por el alza unilateral del precio de la prima GES, que el recurrente calificó de desproporcionada e injustificada y como vulneratoria de las garantías de los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución. El tribunal sostuvo que el contrato de salud es un contrato por adhesión parcialmente dirigido por la autoridad pública, y que la prima GES fue determinada por la Superintendencia de Salud mediante un proceso previo, objetivo y fiscalizado, conforme al artículo 206 bis del DFL N°1 de 2005, incorporado por la Ley N°21.674. Concluyó que no existió actuar ilegal ni arbitrario de las recurridas y, en consecuencia, confirmó la sentencia apelada que había rechazado el recurso, sin costas.
¿Es ilegal o arbitrario que una Isapre aumente unilateralmente la prima GES de un afiliado?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que no hubo actuar ilegal ni arbitrario, porque la prima GES fue determinada por la Superintendencia de Salud mediante un proceso previo, objetivo y fiscalizado, conforme al artículo 206 bis del DFL N°1 de 2005. Por ello confirmó el rechazo del recurso de protección.
¿Puede un afiliado reclamar por alza de la prima GES mediante un recurso de protección?
En este caso, el tribunal conoció la acción de protección y la rechazó, al considerar que el contrato de salud es un contrato por adhesión parcialmente dirigido por la autoridad pública. Así, la alza no vulneró las garantías invocadas de los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución.
¿Qué rol cumple la Superintendencia de Salud en la fijación de la prima GES de las Isapres?
En este caso, la Corte Suprema señaló que la Superintendencia de Salud fijó la prima GES mediante un proceso previo, objetivo y fiscalizado, conforme a la Ley N°21.674 que incorporó el artículo 206 bis del DFL N°1. Esa determinación fue el fundamento para descartar un actuar ilegal de la Isapre y de la Superintendencia.
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