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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, sin costas, el reclamo de ilegalidad inter…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, sin costas, el reclamo de ilegalidad interpuesto por la sociedad sostenedora de un colegio particular subvencionado de Huechuraba contra la resolución que confirmó una multa de 501 Unidades Tributarias Mensuales impuesta por la Superintendencia de Educación. La sanción se fundó en deficiencias en el protocolo de actuación frente a casos de maltrato o violencia escolar y en la falta de acreditación de la idoneidad técnica de una docente. El tribunal desestimó la alegación de prescripción, por cuanto el incumplimiento y la resolución sancionatoria se produjeron dentro del plazo legal, y concluyó que las infracciones estaban acreditadas en el acta de fiscalización y que la Superintendencia no incurrió en actos ilegales al aplicar la sanción conforme a la Ley N° 20.529.

Normas citadas

  • Ley N° 20.529
  • Artículo 85 de la Ley N° 20.529
  • Normativa educacional sobre protocolos de violencia escolar
  • Normativa sobre acreditación de idoneidad técnica docente
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Preguntas frecuentes

¿Puede un colegio particular subvencionado ser multado por deficiencias en su protocolo frente a casos de violencia escolar?

Sí, según este fallo. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que la Superintendencia de Educación podía sancionar a un colegio por deficiencias en su protocolo de actuación ante maltrato o violencia escolar, conforme a la Ley N° 20.529.

¿Qué plazo de prescripción aplica a las sanciones de la Superintendencia de Educación?

En este caso, la Corte desestimó la alegación de prescripción porque tanto el incumplimiento como la resolución sancionatoria se produjeron dentro del plazo legal. Por eso la multa se mantuvo vigente.

¿Cómo se prueba una infracción sancionada por la Superintendencia de Educación en un reclamo de ilegalidad?

En este caso, la Corte concluyó que las infracciones estaban acreditadas en el acta de fiscalización y que la Superintendencia no actuó ilegalmente al aplicar la multa. El reclamo fue rechazado sin costas.

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