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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Centro Educacional Santa Clara contra la resolución que confirmó una multa de 51 unidades tributarias mensuales, impuesta por la Superintendencia de Educación por incumplimiento en la aplicación del protocolo de violencia escolar y por no proteger adecuadamente los derechos fundamentales de una alumna de octavo básico víctima de agresión entre pares. El establecimiento argumentó haber realizado diversas acciones, pero la Corte confirmó que no activó íntegramente su protocolo, por lo que la sanción es legal y proporcional conforme al Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación. El fallo, de la Primera Sala, se pronunció sin costas.

Normas citadas

  • Artículo 85 de la Ley N° 20.529
  • Artículo 16 letra a) y c) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009
  • Artículo 46 letra f) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009
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Preguntas frecuentes

¿Puede un colegio ser multado por no aplicar íntegramente su protocolo de violencia escolar frente a una agresión entre alumnos?

Sí. En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que el establecimiento no activó íntegramente su protocolo de violencia escolar, por lo que la multa de la Superintendencia de Educación fue legal y proporcional conforme al DFL N° 2 de 2009.

¿Basta con que un colegio realice algunas acciones tras una agresión entre pares para evitar una sanción de la Superintendencia de Educación?

No necesariamente. En este caso, aunque el establecimiento argumentó haber realizado diversas acciones, la Corte concluyó que no cumplió íntegramente su protocolo y que eso justificaba la sanción.

¿Es procedente un reclamo de ilegalidad contra una multa de la Superintendencia de Educación por deficiencias en la protección de derechos de un alumno?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad del colegio contra la resolución que confirmó la multa de 51 UTM, por no proteger adecuadamente los derechos fundamentales de una alumna víctima de agresión. El fallo se dictó sin costas.

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