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La Corte de Apelaciones de San Miguel conoció un reclamo administrativo interpuesto por…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte de Apelaciones de San Miguel conoció un reclamo administrativo interpuesto por la sociedad sostenedora de un establecimiento educacional contra la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana. La sostenedora impugnaba una multa de 51 UTM impuesta por deficiencias en su reglamento interno, alegando la prescripción de la facultad sancionadora. El tribunal rechazó el argumento de prescripción, considerando que el procedimiento fue iniciado dentro de los plazos de la Ley N° 20.529, y concluyó que la resolución reclamada no es ilegal ni arbitraria. En consecuencia, se rechazó el recurso y se confirmó la sanción aplicada.

Normas citadas

  • Artículo 85, Ley N° 20.529 (Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación)
  • Artículo 84, Ley N° 20.529
  • Artículo 86, Ley N° 20.529 (Prescripción de facultad sancionadora)
  • Artículo 51, Ley N° 19.880 (Procedimiento Administrativo)
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Preguntas frecuentes

¿Prescribe la facultad de la Superintendencia de Educación para sancionar deficiencias en el reglamento interno de un establecimiento educacional?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó la alegación de prescripción, porque el procedimiento sancionatorio se inició dentro de los plazos que fija la Ley N° 20.529. Por eso confirmó la multa impuesta por deficiencias en el reglamento interno.

¿Puede una sostenedora reclamar judicialmente una multa de la Superintendencia de Educación por haber prescrito la facultad sancionadora?

En este caso, la sostenedora reclamó contra la sanción alegando prescripción, pero el tribunal estimó que la resolución no era ilegal ni arbitraria. Se rechazó el recurso y se mantuvo la sanción.

¿Es ilegal una sanción de la Superintendencia de Educación que se aplica dentro de los plazos de la Ley N° 20.529?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel concluyó que la sanción fue aplicada dentro de los plazos de la Ley N° 20.529 y que la resolución reclamada no era ilegal ni arbitraria. Por lo tanto, confirmó la sanción.

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