Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la petición de un exfuncionario de la Policía de Investigaciones que, tras su retiro, solicitó dejar sin efecto ese cese, impugnó el decreto que lo dispuso y reclamó que no pudo completar 30 años de servicios. El órgano recordó que la autoridad puede invalidar sus actos de oficio o a petición de parte, previa audiencia del interesado, mediante un nuevo acto que deje sin efecto el anterior, siempre que sea procedente y los vicios estén fehacientemente acreditados. Constató que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública atendió el reclamo y concluyó que no existía ilegalidad, por lo que dio la situación por superada. Respecto de los 30 años de servicio, precisó que alcanzar ese período es una mera expectativa y no un derecho del empleado, por lo que no limita la potestad de la autoridad para disponer el cese. Sobre la investigación solicitada, resolvió no acceder por ahora, por ser discrecional la facultad de iniciar procedimientos disciplinarios y no haberse aportado antecedentes que lo justifiquen.