La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una acción de protección interpuesta por una…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una acción de protección interpuesta por una adulta mayor de 99 años en contra del Servicio de Impuestos Internos, que había rechazado su solicitud de exención de impuesto territorial. La Corte estimó que la recurrente cumplía los requisitos de la Ley N° 20.732: edad avanzada, ingresos limitados a pensión garantizada universal y propiedad exclusiva de un inmueble destinado a habitación con avalúo fiscal dentro del límite legal. En consecuencia, ordenó dejar sin efecto los giros emitidos por el Servicio, dejar sin efecto su cobranza en la Tesorería General de la República y proceder a la reliquidación del impuesto territorial aplicando el beneficio legal. Se declaró que la recurrente tiene derecho al beneficio, sin costas.
Normas citadas
Artículo 1º Ley Nro. 20.732
Artículo 19 numerales 1º, 2º y 24º Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Puede una persona de edad avanzada obtener la exención del impuesto territorial si su única fuente de ingreso es la pensión garantizada universal?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción de protección y declaró que la recurrente cumplía los requisitos de la Ley N° 20.732: edad avanzada, ingresos limitados a la pensión garantizada universal y propiedad exclusiva de una vivienda con avalúo fiscal dentro del límite legal.
¿Qué puede hacer el contribuyente si el Servicio de Impuestos Internos rechaza su solicitud de exención de contribuciones?
En este caso, la Corte ordenó dejar sin efecto los giros emitidos y su cobranza en la Tesorería General de la República, y disponer la reliquidación del impuesto territorial aplicando el beneficio legal. La acción de protección fue el mecanismo utilizado por la recurrente.
¿Se considera vulnerado el derecho de propiedad cuando se cobra el impuesto territorial a un adulto mayor que cumple los requisitos de exención?
En este caso, la Corte declaró que la recurrente tiene derecho al beneficio legal, lo que implicó dejar sin efecto el cobro del impuesto, con referencia a los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política. El fallo se resolvió sin condena en costas.
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