Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema conoció de un recurso de protección interpuesto por José Edwin Fernández Pérez contra el Servicio Nacional de Migraciones, que rechazó su solicitud de residencia, ordenó su abandono y prohibición de ingreso al país, debido a una condena penal por conducción de vehículo motorizado con licencia adulterada. La autoridad migratoria aplicó los artículos 88 N°2 y 32 N°6 de la Ley N°21.325, que permiten denegar la residencia por condenas penales. La Corte de Apelaciones de Valparaíso había acogido el recurso, pero la Corte Suprema revocó dicha sentencia. La Corte Suprema concluyó que no se configuraba ilegalidad alguna en la actuación administrativa, ya que la condena era un antecedente objetivo para la decisión migratoria. Por lo tanto, rechazó el recurso de protección, confirmando la legalidad del acto impugnado. La decisión se adoptó con el voto en contra del Ministro Sr. Llanos, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada.