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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por el requirente, en el marco de un proceso penal por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216. La parte requirente sostuvo que la norma, al establecer la pena privativa de libertad como única opción sin considerar criterios de razonabilidad, vulneraba la igualdad ante la ley, la dignidad humana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1°, 19 N° 2 y 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución. El Ministerio Público pidió el rechazo por incumplimiento de requisitos previos. El Tribunal rechazó el requerimiento, razonando que no resulta discriminatorio ni carente de razonabilidad que el legislador establezca presidio efectivo en delitos como los de tráfico de drogas y uso de armas prohibidas o robadas. Asimismo, precisó que la eventual pena a imponerse en el proceso penal corresponde ser determinada por el tribunal de dicha materia y no por esta Magistratura. Un ministro previno que habría acogido el requerimiento.

Normas citadas

  • Artículo 1°, inciso segundo, Ley N° 18.216
  • Artículo 1° Constitución Política de la República
  • Artículo 19, numeral 2° Constitución Política de la República
  • Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto Constitución Política de la República
  • Artículo 1.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Artículo 24 Convención Americana sobre Derechos Humanos
inaplicabilidadinconstitucionalidadpenas sustitutivasigualdad ante la leydignidad humanaderechos fundamentalestráfico de drogasTribunal Constitucional

Preguntas frecuentes

¿Es inconstitucional que la ley establezca presidio efectivo como única pena para el delito de tráfico ilícito de drogas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que no resulta discriminatorio ni carente de razonabilidad que el legislador establezca presidio efectivo en delitos como el tráfico de drogas y el uso de armas prohibidas o robadas. Además, precisó que la pena concreta corresponde ser determinada por el tribunal penal.

¿Puede el Tribunal Constitucional determinar la pena concreta que corresponde aplicar en un proceso penal por tráfico de drogas?

No. En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que la eventual pena a imponerse en el proceso penal debe ser determinada por el tribunal de dicha materia y no por esta Magistratura.

¿Puede una norma que impone presidio efectivo vulnerar la igualdad ante la ley o la dignidad humana?

En este caso, el Tribunal Constitucional descartó la vulneración alegada y concluyó que la norma que impone presidio efectivo para estos delitos no es discriminatoria ni carente de razonabilidad. Un ministro, en cambio, previno que habría acogido el requerimiento.

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