Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la requirente, en un proceso penal por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de municiones, respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216. La requirente sostenía que dicha norma vulnera la dignidad humana (artículo 1°), la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2) y el debido proceso (artículo 19 N° 3, inciso sexto), así como tratados internacionales de derechos humanos, al imponer la pena privativa de libertad como única opción sin criterios de razonabilidad. El Ministerio Público pidió el rechazo. El Tribunal rechazó el requerimiento porque la requirente no cumplía los requisitos de los artículos 4°, 8°, 15 y 15 bis de la Ley N° 18.216 para la sustitución de la pena privativa de libertad en el caso concreto, lo que impedía considerar la sustituibilidad como un requisito sustancial para la gestión pendiente. Un ministro fue de parecer de rechazar el requerimiento, por estimar plausible que el precepto no resultara aplicable según la prognosis de pena del caso.