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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por dos imputados por tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de arma de fuego, en contra del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216. Los requirentes cuestionaban que dicha norma estableciera penas privativas de libertad como única opción, argumentando que vulneraba los artículos 1°, 19 numeral 2° y 19 numeral 3° de la Constitución Política, así como tratados internacionales de derechos humanos. El Tribunal estimó que la determinación de la pena es competencia del tribunal penal y no de esta Magistratura, y que la exclusión de penas sustitutivas para delitos como el tráfico de drogas no es discriminatoria ni desproporcionada, pues responde a la potestad del legislador de establecer un reproche penal mayor para ciertos ilícitos.

Normas citadas

  • Artículo 1° de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 19, numeral 2° de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 1°, inciso segundo de la Ley N° 18.216
  • Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
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Preguntas frecuentes

¿El Tribunal Constitucional puede revisar la pena concreta que se impone a una persona por tráfico de drogas?

No. En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la determinación de la pena corresponde al tribunal penal y no a esta Magistratura, por lo que rechazó el requerimiento.

¿Es inconstitucional que la ley excluya las penas sustitutivas para el delito de tráfico de drogas?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que esa exclusión no es discriminatoria ni desproporcionada, porque responde a la facultad del legislador de imponer un reproche penal mayor a ciertos ilícitos.

¿Puede el legislador establecer solo penas privativas de libertad para ciertos delitos sin vulnerar derechos fundamentales?

Según esta sentencia, sí. El Tribunal Constitucional sostuvo que el legislador tiene la potestad de establecer un reproche penal mayor para determinados ilícitos, como el tráfico de drogas, sin que ello vulnere los artículos 1°, 19 N° 2 y 19 N° 3 de la Constitución.

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