Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el derecho a la asignación de funciones críticas de una servidora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. El organismo concluyó que la resolución que suprimió el carácter crítico de sus labores no podía producir efectos anteriores a su notificación, pues la ley impide la aplicación retroactiva de actos desfavorables al afectado. Asimismo, determinó que, al haber sido aceptada la renuncia voluntaria de la recurrente, le corresponde el pago proporcional de la asignación hasta la notificación de la resolución que la suprimió o hasta su alejamiento, si este ocurrió antes. Por ello, ordenó a la Junta estudiar la situación de la servidora y enterar las rentas que correspondan.