Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba dos preceptos. Respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la concesión de penas sustitutivas, la mayoría sostuvo que el ius puniendi del Estado debe respetar la dignidad humana, que las penas sustitutivas no equivalen a impunidad, y que la exclusión total de sus beneficios vulnera el principio de proporcionalidad de las penas y la reinserción social. En cuanto al artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas, se rechazó el requerimiento porque el precepto limita el marco legal de la pena sin afectar la individualización judicial, que permite al juez aplicar atenuantes y agravantes. La sentencia acoge parcialmente el requerimiento, y en su parte final, al examinar el artículo 196 ter, inciso segundo, de la Ley de Tránsito, considera razonable la norma y rechaza la solicitud de inaplicabilidad respecto de ese precepto.