El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad.
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad. Declaró inconstitucional el artículo 19, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por vulnerar el principio de proporcionalidad de las penas al limitar de manera desproporcionada la aplicación de penas sustitutivas, afectando la reinserción social y generando inequidad respecto de delitos más graves. En cambio, declaró constitucional el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, al estimar que no afecta la individualización judicial de la pena, pues el juez conserva la facultad de ponderar circunstancias dentro de los límites legales, respetando la proporcionalidad y el debido proceso. El endurecimiento punitivo en control de armas se justifica por la protección de la seguridad pública.
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la Pena
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional la prohibición de aplicar penas sustitutivas en delitos de porte de armas por el principio de proporcionalidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 19, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por limitar de manera desproporcionada la aplicación de penas sustitutivas, afectando la reinserción social y generando inequidad respecto de delitos más graves.
¿El juez puede ponderar circunstancias al individualizar la pena en delitos de control de armas?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró constitucional el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, al estimar que no afecta la individualización judicial de la pena, porque el juez conserva la facultad de ponderar circunstancias dentro de los límites legales.
¿Se justifica el endurecimiento de las penas por delitos de control de armas?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el endurecimiento punitivo en control de armas se justifica por la protección de la seguridad pública.
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