Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad. Declaró inaplicable el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por vulnerar el principio de proporcionalidad de las penas (artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución), al limitar las facultades del juez para imponer penas sustitutivas en delitos de menor gravedad, afectando la reinserción social y la dignidad humana. En cambio, rechazó la impugnación al artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, por estimar que el legislador puede fijar un marco penal específico para delitos de control de armas, sin afectar la individualización judicial de la pena ni los principios de culpabilidad y proporcionalidad. Asimismo, rechazó la impugnación al artículo 196 ter, inciso segundo, de la Ley de Tránsito, por considerar razonable que los antecedentes penales de un conductor sean conocidos, dada la peligrosidad de la actividad.