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El Juzgado de Policía Local de Conchalí conoció una demanda del Banco Estado contra un…

Sentencia · JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE CONCHALI · 2025

Resumen

El Juzgado de Policía Local de Conchalí conoció una demanda del Banco Estado contra un cliente por dos giros de $200.000 cada uno, realizados con chip de la tarjeta, presencialmente en cajeros automáticos y sin cambio de clave, que el cliente desconocía. El tribunal consideró probado, según las reglas de la sana crítica, que el demandado actuó con dolo o culpa grave, conforme al artículo 5 de la Ley 20.009. En consecuencia, acogió la demanda, eximió al banco de restituir los $400.000 reclamados y condenó al demandado al pago de las costas. La sentencia se ordenó comunicar al Servicio Nacional del Consumidor una vez ejecutoriada, según el artículo 59 bis de la Ley 19.496.

Normas citadas

  • Ley 20.009
  • Artículo 5 de la ley 20.009
  • Ley 19.496
  • Artículo 5 bis de la Ley 20.009
  • Ley 15.231
  • Ley 18.287
  • Código Civil
  • Artículo 44 del Código Civil
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios

Preguntas frecuentes

¿Debe el banco restituir los cargos por fraude con tarjeta si el cliente desconoce las transacciones pero se realizaron con chip y sin cambio de clave?

En este caso, el Juzgado de Policía Local de Conchalí consideró probado que el cliente actuó con dolo o culpa grave conforme al artículo 5 de la Ley 20.009. Por ello, eximió al banco de restituir los cargos reclamados y condenó al cliente al pago de las costas.

¿Cuándo el titular de una tarjeta bancaria responde por giros que desconoce según la Ley 20.009?

En este caso, el tribunal sostuvo que los giros, realizados con chip, presencialmente en cajeros y sin cambio de clave, evidenciaban dolo o culpa grave del titular. Con ello se acogió la demanda del banco y se le eximió de restituir los montos reclamados.

¿Qué ocurre con una sentencia de Policía Local en materia de consumo bancario una vez que queda firme?

En este caso, el tribunal ordenó que, una vez ejecutoriada la sentencia, se comunique al Servicio Nacional del Consumidor conforme al artículo 59 bis de la Ley 19.496. Esta comunicación se dispuso para su conocimiento por ese organismo.

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