Resumen
La Cámara Civil revocó la sentencia de primera instancia que había condenado a una institución educativa privada al pago de indemnizaciones por daños y perjuicios. Los demandantes cuestionaban la expulsión de su hijo menor de edad del establecimiento, alegando un trato discriminatorio y la afectación de su derecho a la educación. El tribunal sostuvo que el ejercicio del derecho de admisión no constituyó un hecho antijurídico al no advertirse actuaciones discriminatorias ni menoscabo concreto del derecho a la educación del menor. Si bien se reconocieron irregularidades administrativas, ellas no bastan para configurar responsabilidad civil, que exige hecho antijurídico, culpa y daño. En consecuencia, se rechazó la demanda resarcitoria y las costas de ambas instancias se impusieron en el orden causado.