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La Corte de Apelaciones conoció un recurso de amparo constitucional, previsto en el art…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones conoció un recurso de amparo constitucional, previsto en el artículo 21 de la Constitución, interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones. El recurrente cuestionaba la negativa de la institución a permitirle salir del país, debido a una orden de arraigo dictada en 1999 por un juzgado de menores de Santiago, cuando él tenía once años. El tribunal constató que la medida fue decretada a favor del menor y concluyó que no podía mantenerse vigente una vez alcanzada la mayoría de edad. En consecuencia, acogió el recurso sin costas, ordenó dejar sin efecto la orden de arraigo y suprimirla de los registros de la PDI.

Normas citadas

  • Oficio N° 01
recurso de amparoartículo 21 Constitución Políticaorden de arraigoarraigo nacionallibertad personallibertad de circulaciónmayoría de edadmenores de edad

Preguntas frecuentes

¿Puede la PDI impedir la salida del país a una persona que tiene una orden de arraigo de la época en que era menor de edad?

En este caso, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo y concluyó que la orden de arraigo, dictada a favor de un menor, no podía mantenerse vigente una vez que la persona alcanzó la mayoría de edad. Por eso ordenó dejarla sin efecto y suprimirla de los registros de la PDI.

¿Cómo se puede dejar sin efecto una orden de arraigo antigua que sigue apareciendo en los registros de la PDI?

En este caso, la Corte de Apelaciones, al resolver un recurso de amparo constitucional del artículo 21 de la Constitución, dispuso dejar sin efecto la orden de arraigo y ordenó suprimirla de los registros de la Policía de Investigaciones. El tribunal acogió el recurso sin condena en costas.

¿Qué es el recurso de amparo y cuándo procede contra la PDI por una restricción a la libertad de salir del país?

En este caso, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo del artículo 21 de la Constitución interpuesto contra la PDI, que se había negado a permitir la salida del país a una persona. El tribunal constató que la medida había sido decretada en favor de un menor y que no podía subsistir tras la mayoría de edad.

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