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La Corte Suprema conoció la apelación de un recurso de protección presentado por una pe…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema conoció la apelación de un recurso de protección presentado por una persona recurrente contra la autoridad administrativa por una demora de más de seis meses en resolver su solicitud, invocando el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880. La Sala confirmó la sentencia de primera instancia en lo que fue objeto de la mayoría, pero el Ministro Sr. Ruz fue del voto de revocar y rechazar la acción. El Ministro disidente sostuvo que no existían indicios de discriminación ni de capricho o desviación de poder, que la acción constitucional no puede acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso, y que, aun si la tardanza fuese infundada, no se configuraban los requisitos del artículo 20 de la Constitución, pues la recurrente mantenía una situación migratoria regular durante la tramitación. Por ello, el recurso fue finalmente rechazado.

Normas citadas

  • Ley N° 19.880
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿Procede un recurso de protección contra la Administración por demora en resolver una solicitud, aunque se haya superado el plazo de la Ley N° 19.880?

En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia de primera instancia en lo que fue objeto de mayoría, pero un ministro fue de voto de revocar y rechazar la acción. Finalmente el recurso fue rechazado, porque la acción constitucional no puede acelerar ni sustituir procedimientos administrativos en curso.

¿Puede un recurso de protección obligar a la Administración a acelerar la tramitación de un procedimiento administrativo?

En este caso, el ministro disidente sostuvo que la acción de protección no puede acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso. Esa postura prevaleció al rechazarse finalmente el recurso.

¿Qué requisitos del artículo 20 de la Constitución deben cumplirse para acoger un recurso de protección por demora administrativa?

En este caso, el ministro disidente sostuvo que no existían indicios de discriminación ni de capricho o desviación de poder. Además, afirmó que no se configuraban los requisitos del artículo 20 de la Constitución, porque la recurrente mantenía una situación migratoria regular durante la tramitación.

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