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La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada que acogió un recurso de protección pres…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada que acogió un recurso de protección presentado contra el Ministerio del Interior por la demora en la tramitación de una solicitud administrativa. El fallo, adoptado con el voto en contra del ministro Sr. Ruz, consideró que la tardanza en resolver constituye una omisión ilegal y arbitraria que vulnera el principio de igualdad ante la ley, al privilegiar a quienes recurren por esta vía en desmedro de otros solicitantes. La disidencia estimó que no se acreditó una amenaza concreta a derechos constitucionales, pues la recurrente mantiene su situación migratoria regular, y que el plazo de seis meses de la Ley N° 19.880 no es fatal, por lo que correspondía rechazar la acción.

Normas citadas

  • Ley N° 19.880
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿La demora de la Administración en resolver una solicitud administrativa puede ser impugnada mediante un recurso de protección?

En este caso, la Corte Suprema confirmó que la tardanza en resolver una solicitud constituye una omisión ilegal y arbitraria que vulnera el principio de igualdad ante la ley, por lo que acogió la protección. Un ministro disidente estimó que no hubo amenaza concreta a derechos constitucionales.

¿El plazo de seis meses de la Ley N° 19.880 para resolver solicitudes es un plazo fatal?

En este caso, la disidencia sostuvo que ese plazo no es fatal, por lo que no bastaba su vencimiento para acoger la acción. La mayoría de la Corte, en cambio, consideró que la tardanza igualmente vulneró el principio de igualdad.

¿Se requiere acreditar una amenaza concreta a derechos constitucionales para acoger un recurso de protección por demora administrativa?

En este caso, la disidencia estimó que no se acreditó una amenaza concreta, pues la recurrente mantenía su situación migratoria regular, y que correspondía rechazar la acción. La mayoría confirmó la sentencia que acogió el recurso, por entender que la demora ya configuraba una omisión ilegal y arbitraria.

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