Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de efectuar el control preventivo de juridicidad de la resolución N° 52, de 2014, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que autorizaba la contratación, por trato directo, de un servicio de asesoría con el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El organismo fundamentó su decisión en que la materia está exenta de toma de razón, por lo que el acto que en su oportunidad apruebe el acuerdo de voluntades deberá someterse, si corresponde, a ese trámite, según la resolución N° 1.600, de 2008. Se aclaró que, sin perjuicio de ello, se aplican a la resolución las normas sobre controles de reemplazo del Título VI de dicha resolución.