Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de un funcionario a contrata de la Subsecretaría de Obras Públicas que fue desvinculado de su cargo. El interesado sostenía que el cese no debió fundarse en un ajuste presupuestario, pues la reducción de recursos afectó otras partidas. El organismo constató que la modificación presupuestaria sí redujo la partida del Ministerio, pero solo en glosas de viáticos, convenios con personas naturales y la ley N° 19.882, por lo que el ajuste no podía justificar la pérdida de la calidad funcionaria. Sin embargo, el acto también invocó una reorganización interna, cuya evaluación implicaría ponderar mérito, oportunidad y conveniencia, facultades que no corresponden al órgano contralor. Por ello, el término de funciones se declaró ajustado a derecho y se desestimó el reclamo. Asimismo, se remitieron antecedentes a la Dirección del Trabajo para que se pronuncie sobre posibles inhabilidades del interesado para ejercer como dirigente gremial.