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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el régimen jurídico de los se…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2017

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el régimen jurídico de los servidores contratados en el Hospital Militar de Santiago, conforme a la ley N° 18.476. Concluyó que el hospital es una repartición del Ejército que forma parte de la Administración del Estado, con naturaleza de servicio fiscal, y que sus servidores, regidos por el Código del Trabajo, tienen la calidad de servidores públicos. Por ello, corresponde exclusivamente a este organismo el control e interpretación de las normas que les son aplicables. Se precisó que, al ser el Código del Trabajo su estatuto especial, sus disposiciones son imperativas y no meros derechos mínimos, por lo que la administración no puede otorgar franquicias superiores o inferiores a las allí establecidas, debiendo respetar los principios de probidad, eficiencia e igualdad ante la ley.

Normas citadas

  • Ley N° 18.476
  • Código del Trabajo
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué régimen jurídico rige a los servidores contratados en el Hospital Militar de Santiago?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que el hospital es una repartición del Ejército que forma parte de la Administración del Estado, y que sus servidores, regidos por el Código del Trabajo, tienen la calidad de servidores públicos.

¿Puede la administración otorgar a los trabajadores del Hospital Militar beneficios distintos a los del Código del Trabajo?

En este caso, la Contraloría precisó que, al ser el Código del Trabajo el estatuto especial de estos servidores, sus disposiciones son imperativas y no meros derechos mínimos, por lo que la administración no puede otorgar franquicias superiores o inferiores a las allí establecidas.

¿Qué organismo es competente para controlar e interpretar las normas laborales aplicables a servidores de hospitales militares?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que le corresponde exclusivamente a este organismo el control e interpretación de las normas aplicables a estos servidores, debiendo la administración respetar los principios de probidad, eficiencia e igualdad ante la ley.

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